Aunque no fue el primer tema que se discutió, consideramos que lo primero es decidir qué es lo que queremos formalizar. Uno de los participantes precisó que la pregunta debe ser entendida ¿cómo formalizamos las actividades forestales que son ecológicamente sostenibles ahora y aquellas que pueden llegar a ser sostenibles en el futuro?. Obviamente, ninguno de los participantes propuso formalizar la sobre explotación de los recursos forestales. Pero es necesario reconocer que debido al aislamiento y la falta de presencia del Estado, una parte importante de la madera es extraída de manera insostenible, ilegal y a veces ni siquiera rentable; además de social y éticamente inaceptable, si consideramos los temas laborales y de impactos sobre pueblos originarios. La formalización del sector forestal debe pasar por revertir esta situación. En ese sentido, es obligatorio sincerar que en algunos casos no será posible extraer madera de un bosque tropical primario neotropical de manera rentable y sostenible al mismo tiempo, y por lo tanto tampoco será en todos los casos un negocio sostenible ni una buena estrategia de conservación de bosques. La apertura de caminos y carreteras para abaratar costos generan impactos ecológicos que hacen insostenible la actividad, y la extracción de una sola especie de manera sostenible no es rentable en la lógica económica. Por lo tanto, debemos entender que la formalización del sector forestal va más allá de solamente hacer rentable la extracción de madera de manera legal. Distinta, sería la situación de parcelarios, comunidades indígenas y empresas que se enfocan en bosques secundarios o plantaciones con especies de rápido crecimiento, que como vimos en la discusión pasada, responde a otra lógica y probablemente allí es donde esté el futuro de la producción de madera, y que posiblemente sea más fácil de formalizar. 

Entonces, enfocados en la formalización del conjunto de actividades forestales sostenibles que se desarrollan en el bosque natural, los participantes consideraron que se necesita crear condiciones para operar legalmente. Para puntualizar estas condiciones se debe definir el tipo de actor que realizará las actividades forestales, pues estas condiciones serán diferentes en función de los actores. Cada tipo de actor tiene necesidades diferentes y capacidades desiguales para realizar las actividades forestales sostenibles. Sin embargo, parece que hay una condición que en todos los casos aplica, que es la sanción efectiva a los ilegales. Pero hay que entender, que la ilegalidad no es una situación deseada por nadie (e.g. alguien mencionó que en Ucayali un grupo de pequeños extractores sin derechos comentaron que estaban hartos de tener que cubrir las demandas del sistema corrupto para sacar su madera y que habían hecho cálculos de lo que les costaría estar formalizados y que era mucho menos). Entonces, mientras siga siendo económicamente más favorable trabajar por los canales ilegales e informales que formalizarse, no va haber una verdadera formalización del sector.

Todos los que aportaron señalaron más de una condición, y algunos incluso hicieron hincapié en la necesidad de una estrategia integral y multisectorial, que además de los aspectos técnicos y ambientales debe tener una parte tributaria, laboral y bancaria. A continuación resumimos, las condiciones que fueron más discutidas por los participantes:

Simplificar los trámites.

La mayoría de participantes mencionó que es necesaria una simplificación administrativa, pues a través de trámites simples, con normas basadas en ecología, economía, ciencia y aspectos sociales se puede lograr un gran avance en reducir los costos de la formalidad. En ese sentido, los trámites deben ser adecuados a “la realidad del sector y los requerimientos ecológicos del buen manejo” (e.g. no aplicar los requerimientos de un plan de manejo de madera al aprovechamiento de frutos o productos no maderables). De lo contrario se generan mecanismos perversos que promueven la informalidad e ilegalidad. Se debe lograr que dichos trámites sean lo suficientemente sencillos para los usuarios para hacer un manejo sostenible y que a la vez útiles para la autoridad en su lucha contra la ilegalidad. Además, algunos actores pequeños como las comunidades y las MYPEs forestales necesitaran trámites aun más simplificados para su formalización.

Una autoridad que genere confianza. 

Los participantes también pusieron énfasis en la necesidad de una autoridad forestal “amiga” que principalmente promueva el manejo forestal. Se señaló que se requiere una oficina que realice una promoción real y efectiva, no solo de nombre, pues todas las autoridades forestales nacionales de la última década han contado con un área de promoción. En ese sentido, esta autoridad tiene como principal tarea el generar confianza en el sistema, y entre los actores (e.g. un espacio de encuentro y generación de confianza entre entidades financieras y empresas forestales). Alguno incluso señaló que esa es “la gran tarea del SERFOR”. Sorprendentemente, no se mencionó mucho a las autoridades forestales regionales. Otro rol de la autoridad que se resaltó fue la necesidad de valorizar el bosque en toda su magnitud, por ejemplo, incluyéndolos en las cuentas nacionales, allí se recordó que el SERFOR ha informado que a través de una cuenta satélite de bosques peruanos, se medirá el aporte de los recursos forestales a la economía nacional, no solo de madera, sino los no maderables, así como de vegetación silvestre, entre otros servicios. Algunos saludaron la medida, pero pidieron que se tenga cuidado de aplicar adecuadamente la economía ambiental.

Incentivos para el manejo forestal. 

Algunos señalaron que la política pública del sector debe estar basada principalmente en incentivos en vez de obligaciones y sanciones. Otros recordaron que no hay forma de darle valor a las empresas forestales si no es con beneficios específicos. Pues uno de los mayores problemas de las actividades forestales en el Perú son los sobrecostos, generados por la falta de mecanización de la actividad, la dependencia de insumos con diferentes bases de precio por zona (e.g. el combustible), etc. En ese sentido, algunos señalaron que estos incentivos deben estar orientados a la generación de sostenibilidad del negocio del manejo forestal sostenible, y que por lo tanto los beneficios podrían venir por el tema tributario. Otros propusieron diferenciar los incentivos por tipos de actores, pues son casos distintos una concesión forestal con fines maderables y una comunidad nativa en la que el manejo forestal comunitario a veces requiere estar integrado a la crianza de animales menores, se mencionó los casos de Condorcanqui y Alto Mayo. Finalmente, estos incentivos al manejo forestal sostenible pueden estar articulados a un sistema de pago por servicios ecosistémicos que pague al propietario por los beneficios ecosistémicos que genera su bosque.

Mercado para los productos forestales legales. 

Varios participantes propusieron como una condición indispensable para la formalización del sector, la necesidad que los mercados nacionales consuman productos forestales legales. Se pidió el fomento del uso de maderas en la construcción y obras públicas, frente a otros insumos no renovables y emisores de carbono. Otros hicieron hincapié en facilitar que los insumos legales lleguen a los mercados, pues mencionaron casos en que los consumidores se quejaban que solo los ilegales les proveían de productos forestales. Si los mercados no pueden acceder a productos legales, ¿Quienes atienden a esos mercados?. Asimismo, en interesante señalar que algunos participantes incidieron en trabajar en función de la cadena de valor, orientándose a mejorar la competitividad de todas las etapas de la cadena de valor: 1) acceso al recurso, 2) aprovechamiento, 3) transformación y 4) mercado.

Facilitación de financiamiento. 

Si bien el tema de financiamiento no apareció directamente como una propuesta, cuando se consulto sobre su rol, varios participantes resaltaron su importancia. Pues, para formalizar el sector, se necesita liberarlo del sistema de habilitación y enganche, que pone a los productores forestales en una posición asimétrica, frente a sus habilitadores. Se propusieron, créditos formales diseñados para cada tipo de negocio: concesiones, plantaciones, no maderables, etc. Con tasas, plazos y periodos de gracia adecuados al sector. Generó preocupación, que al inicio haya un alto riesgo y las tasas no sean competitivas, por lo que se planteó que al inicio el Estado a través de AGROBANCO puede proporcionar el financiamiento, aunque no tanto con una mirada tan comercial (se mencionó que ya existen esfuerzos para aumentar la participación de AGROBANCO en el sector forestal). Un participante, dijo que posiblemente se requerirán tasas menores al 10% con plazos de hasta 25 años, para poder fortalecer el sector forestal, dependiendo de si es capital de trabajo o inversión. En todo caso, lo que resalto fue la urgencia de desarrollar propuestas para la Banca, a fin que pueda promoverse las inversiones en el sector forestal sostenible a través del acceso al financiamiento para MYPs y emprendimientos comunitarios que trabajan en el manejo forestal sostenible. Para ello se necesita diseñar productos crediticios adecuados a las necesidades de ese tipo de emprendimientos. Alguien, mencionó que la experiencia muestra que dos puntos de partida son generar las condiciones habilitantes para que puedan acceder a dichos créditos y el prevenir cualquier ejecución de garantía que ponga en riesgo la tenencia de la tierra comunal.

Considerar aplicar subsidios inteligentes. 

Algunos participantes consideraron que los subsidios deberían ser la parte promocional para que los pequeños productores accedan ya sea a la forestería, agroforestería o manejo forestal. En principio estos subsidios serían uno de los incentivos a la formalización, habrá que subsidiar al formal. Pero estos subsidios deben ser inteligentes, pues deben tener mecanismos de sistemas de asistencia técnica, bancos de semilla, promoción de vínculos entre los diversos actores de la cadena, etc. El objetivo de estos subsidios debe ser convencer a los actores que no tiene sentido ser informal y arriesgarse; si es que existen un conjunto sustantivo de beneficios en la formalidad. Asimismo, se advirtió que el tema de subsidio es un poco más sensible dado que son fondos públicos que favorecen a algunos, por eso debemos estar seguros que al final los beneficios de aplicar estos subsidios serán también para la sociedad. Por ejemplo, se mencionó el certificado de incentivo forestal colombiano, que financia el 50% de una reforestación, esperando que la reforestación genere empleo y la riqueza futura generada que sea mayor que el propio subsidio (e.g. también se podría mencionar el caso chileno). Finalmente, se mencionó que el MINAGRI estaría evaluando un programa similar a Mi Riego para el sector forestal, que podría llamarse Mi Bosque.

Cumplimiento de las normas. 

Por último, se planteó que se deben cumplir y hacer cumplir las leyes con cabalidad, responsabilidad, compromiso político y sobre todo con respeto a los demás. Algunos señalaron que se requerirá mucha fiscalización para disminuir la competencia desleal, asegurándose que se efectivicen las sanciones y se incremente sustancialmente los riesgos concretos de no formalizarse. Para ello es indispensable la presencia del Estado en el campo, porque “si el Estado no llega y es la corrupción la que manda”. Pero también se debe reforzar la co-gestión, porque en definitiva hay zonas donde es muy difícil que llegue el Estado oportunamente. Se debe apoyar en los Comités de Vigilancia, de Veedurías Forestales Comunitarias, Frentes de Defensa, Rondas Campesinas, Comités de Gestión de ANP´s, etc. En esta parte se mencionó a OSINFOR y su rol en la generación de condiciones para la formalización, se dijo que debe ser como un SUNAT del capital natural de nuestra patria. Finalmente, se recordó que una de las consecuencias de no lograr la formalización será el incremento de la degradación y la deforestación, así como de los conflictos y la violencia.