Con la implementación de la Ley 27308 se inició también una guerra contra la tala ilegal. Se creó una Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal de carácter principalmente coordinador, y se le dio una estrategia que fue aprobada y declarada de interés nacional. Luego, para fortalecer las operaciones en campo se creó una Comisión de Control y Actividades contra la Tata y Comercio Ilegal... al final esa guerra se perdió. Y como pasa cuando se pierde una guerra, se dejó a los civiles (pueblos indígenas, concesionarios, pobladores locales, etc.) a su suerte, para que se las arreglen como puedan. Varios de ellos han seguido luchando y peleando sus propias batallas, sin apoyo y a veces con el Estado en contra, pero allí han seguido defendiendo lo que consideran suyo. La muerte de cuatro valientes peruanos de la étnica ashaninka, parece que va reiniciar esta guerra a una escala policial y quizás militar. 

Ahora se ha designado a un Alto Comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal, que va resucitar la vieja estrategia, y se va crear una Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú. Con esto esperan desaparecer la tala ilegal del Perú en tiempo record. Si bien todos deseamos que tengan éxito, la mayoría se muestran escépticos. Varias de las respuestas a nuestra pregunta forestal del día pueden explicar las causas de ese escepticismo, la principal es que si bien se necesita un componente de represión al extractor ilegal, por sí solo no va solucionar el problema de fondo. Me parece que algunas de las propuestas durante la discusión de la pregunta forestal del día pueden contribuir a tener una visión más amplia del problema y de las opciones para crear un sistema permanente que de manera segura y efectiva conserve los bosques apoyando el trabajo que ya hacen pueblos indígenas, concesionarios y poblaciones locales que protegen sus bosques. 

Los planteamientos de los participantes en la discusión fueron claros y directos, tanto que allí mismo se señaló que parece que todos sabemos lo que se tiene que hacer. La acción debe estar orientada a la prevención. Decomisar madera no tiene sentido, pues el daño ya se concretó. Las ideas que se plantearon proponen primero un reconocimiento completo de los derechos sobre los bosques, principalmente para los pueblos indígenas, luego, que el Estado asuma su deber de proteger el Patrimonio Nacional Forestal, que es parte de nuestro Territorio. Asimismo, se mencionó la exigencia de enfocarse en apoyar a los actores legales que viven y dependen de los bosques, la necesidad de usar las actuales herramientas que nos brinda la nueva tecnología de punta y un combate frontal, directo y efectivo a la corrupción vinculada a la tala ilegal. Finalmente, se mencionó la exigencia de acabar con la impunidad con la que operan tanto los taladores ilegales como los funcionarios corruptos que lucran con ella; así como la necesidad de la participación de todos. A varios, les gusta decir, que los recursos naturales son de todos los peruanos, pero dejamos solo a algunos la tarea de protegerlos. Se requiere que todos, desde nuestra posición y deber, concurramos en los esfuerzos por acabar con la tala ilegal.

Lo primero: sin dueños no hay quien proteja

La primera idea que se planteó fue la necesidad de reconocer y otorgar derechos sobre los bosques, pues desconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, así como dejar áreas de bosque sin responsables, son una invitación a ser copadas por los ilegales. Y allí algunas trabas son legales, por ejemplo, se mencionó que la titulación de los bosques en “cesión en uso” en vez de propiedad a los pueblos indígenas, genera una idea de “debilidad” de sus derechos. Abandonar estos “eufemismos” y reconocer los derechos tal como son, puede ser un primer paso. Sin embargo, no es suficiente para conservar los bosques. Reconocerles sus derechos y dejarlos solos frente a las mafias de la tala ilegal y el narcotráfico, tampoco puede ser la solución. Más aun ahora que la nueva Ley Forestal les asigna el estatus de custodios forestales a las comunidades, además de la posibilidad que a través de comités de control y vigilancia puedan cooperar con la protección del recurso forestal.

El Estado es el responsable de proteger los bosques

El Estado debe entender que esta no es una dádiva para nativos y concesionarios, es asumir la responsabilidad primordial de proteger el Patrimonio de la Nación, como diría Antonio Andaluz conservar los bosques es preservar el territorio de la Nación, y el Estado debe preservar nuestra integridad territorial. En ese sentido, se recordó el artículo 166º de la Constitución: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. La actual Policía de Turismo y Ecología no genera la confianza para cumplir con este deber, se mencionó la necesidad de contar con una instancia que pueda hacer labores de inteligencia y también un escuadrón especial de operaciones. Por su puesto con los recursos y logística necesaria para cumplir con sus deberes.

El apoyo indispensable de la fuerza del orden

Se reconoció que los forestales, ambientalistas, indigenistas y todos los que se les unen en la protección del bosque no son expertos en combatir mafias. Se requiere el efectivo apoyo de las fuerzas del orden (policial y militar), así como del Ministerio Público y Poder Judicial, en conjunto con las autoridades administrativas (OSINFOR, SERFOR y GOREs). Si ellos no son parte del equipo de los pueblos indígenas, concesionarios, poblaciones locales, etc. los ilegales nos van a seguir ganando. Se recordó que en el pasado se ha intentado luchar contra la tala sólo desde el lado represor e identificar la “cantidad de madera decomisada” como indicador de éxito. Esta visión ya ha fracasado, es por ello que ahora debe estar articulada a los esfuerzos de la formalidad. Solo apoyando las instituciones indígenas así como a los titulares de derechos de aprovechamiento se puede asegurar una protección inmediata del bosque. Además, porque más importante que proteger los bosques es proteger a la gente que vive y depende de ellos. Se propuso ver el aporte que las veedurías forestales indígenas pueden brindar para contar con un sistema seguro y eficiente, más aun que esta instancia es una iniciativa de las propias organizaciones indígenas.

La tecnología al servicio de los buenos

Se requiere un intensivo uso de tecnologías para hacer frente a la tala ilegal. No solo las modernas tecnologías de información geográfica y teledetección que nos permiten hacer mapas 3D o identificar el desplazamiento de embarcaciones y tractores en tiempo real, sino también información de comunicación que le puede dar a los actores formales y las fuerzas del orden una ventaja significativa frente a las actividades ilícitas. Se mencionó que vincular las nuevas tecnologías con los sistemas de denuncias puede ser una medida que puede ser muy útil para enfrentar la corrupción.

El fin de la impunidad

Quizás una de las manifestaciones más dolorosas es ver como la tala ilegal, y la corrupción asociada a ella operan con total impunidad. Más y mejores normas pueden ser útiles, pero si no se aplican, los delincuentes seguirán sin temer las consecuencias de sus actividades ilícitas. Y para ello se tiene que saber que incluso se deberá sancionar a los políticos que protegen a estas mafias. En el pasado se ha denunciado la participación de alcaldes y congresistas vinculados a las mafias de la tala ilegal. El fin de la impunidad debe ser para el extractor ilegal, pero también y principalmente para los políticos que estén involucrados en estas mafias.

Si no se ataca la corrupción de nada servirán los decomisos

También se destacó que una de las condiciones indispensables para la tala ilegal es la existencia de corrupción tanto en autoridades forestales, policiales y judiciales a nivel local, regional y nacional. Por lo que una medida que busque afectar seriamente a la tala ilegal, debe cortar el cordón de la corrupción que le brinda los papeles para “legalizar” sus productos ilegales. Sorprendentemente nadie mencionó el Plan Anticorrupción del Sector Forestal que existe hace varios años, pero que parece o es desconocido por la mayoría de actores, o existe un convencimiento de su ineficacia. 

Finalmente: el apoyo de todos

Una iniciativa para enfrentar la tala ilegal debe unirnos a todos. Habrá escepticismo y desconfianza. Pero es un deber del Estado actuar en conjunto, y todos formamos de ese Estado. La imagen del Perú está en juego, no es posible que se siga viendo al Perú como un país de tala ilegal, en la que no se defiende ni siquiera el derecho a la vida de los pueblos indígenas que vienen en los bosques. Muchos reclaman que los recursos naturales no son de unos cuantos sino de todos, son patrimonio de todos los peruanos. Pues es hora, que no solo reclamemos nuestros derechos sobre el bosque, sino que cumplamos con nuestros deberes y ayudemos a los otros peruanos que día a día conservan los bosques del Perú.